En los últimos días, la preocupación ha invadido a la comunidad otaku mundial tras la aprobación del proyecto de ley 156 (Bill 156) con un respaldo casi unánime en la Asamblea Metropolitana de Tokyo. Dicha iniciativa es controversial por decir lo mínimo y anda desatando variadas reacciones en la web por el aparente peligro que representa para la industria del anime… y sus fans.
PD: Ligera actualización:
En esencia, la (ahora) ley busca regular todo trabajo creativo en la prefectura de Tokyo (sí, SÓLO EN TOKYO. MUY IMPORTANTE), evitando su publicación si se determina que “resulta dañino para el desarrollo de la juventud”. Prohíbe material “sexualmente estimulante” que alienta la “crueldad, el suicidio o el comportamiento criminal”.
En su versión más reciente, se considera material que glorifique o acentúe para menores de 18 “actos sexuales o pseudo sexuales que serían ilegales en la vida real, o actos sexuales o pseudo sexuales entre parientes cercanos cuyo matrimonio fuera ilegal (LOL WUT?)”. ¿Lo gracioso? Que dice claramente que no serán incluidas novelas o “imágenes o grabaciones de la vida real”, por lo que lo de llamarla ley anti-otaku no es descabellado. Aquí no cabría decir que se busca prohibir la pornografía infantil o crímenes similares (como ya se ha intentado), pues los “trabajos creativos” a los que se alude son específicos (y conocidos por todos nosotros).
Se aprobó también una enmienda estipulando que “se tomarán en cuenta los méritos artísticos, sociales, educativos… al momento de evaluar las obras”. Sería positivo si todo lo demás escrito ahí no fuera un desastre.
La ley sería totalmente efectiva en Julio del 2011.
El artífice del proyecto es el gobernador Ishihara Shintarou, conocido por ser uno de los representantes más efusivos de la extrema derecha japonesa. Entre sus agresivos comentarios se incluyen declaraciones abiertamente homofóbicas y xenofóbicas, o justificando la prohibición y censura a libros en los países europeos. Lo irónico sobre este sujeto es que de joven fue un autor, cuya más famosa novela trataba sobre la vida desenfrenada de un grupo de adolescentes con referencias varias a sexo, drogas, alcohol y crímenes sexuales.
Dentro de Japón, las reacciones no se han hecho esperar. La aprobación “apurada” del proyecto 156 ha motivado que algunos políticos protesten por el potencial daño hacia la industria de la animación japonesa, tan importante en una época de crisis económica. Compañías grandes como Shueisha, Kadokawa y Hakusensha han amenazado ya con boicotear la TIAF (Tokyo International Anime Fair), ganándose una respuesta indiferente de Ishihara (“Entonces no vengan. Volverán llorando el próximo año”.)
Lo que es cierto es que la ley es una debacle jurídica. No es clara. No es directa. Es ambigua en el sentido más básico de la palabra y puede ser usada de mil formas según sea interpretada por la burocracia. Incluso lo de decidir sobre el “mérito artístico” quedaría a manos de los políticos, cosa que bien sabemos jamás debe permitirse.
En lo más negativo, se teme la pérdida del importante mercado de Tokyo. Aún cuando estén con etiquetas de 18+, muchas obras necesitan de las recurridas calles de la capital para generar ganancias. Sin ganancias, nadie se arriesga a publicarlas.
Sobre lo que podría ser afectado… Miren, sólo en esta temporada tenemos series como Yosuga no Sora, PSG, To-love-ru y Hyakka Ryouran. Sé que el mérito que tienen como arte puede ser cuestionable y que podrían ser ejemplos de la “decadencia de la industria” como la llaman, pero de ahí a que se les pueda considerar como verdaderos atentados contra la educación o la juventud es llevar las cosas a un extremo ridículo. El decidir sobre lo que uno consume es el poder de los individuos, de las personas; nunca el de la burocracia. De eso se trata la libertad de expresión. Por aquí sabemos bien de lo que trata esto: lo vemos todos los días con los políticos que le echan la culpa de sus asuntos familiares a lo que ven en TV y que están más preocupados en censurar cosas que en resolver los problemas reales. Siempre habrá moralfags en este sentido.
También hay que agregar que el rating system japonés es diferente al gringo (13+, 15+, MA), que aunque no es perfecto cumple mejor su función. En Japón, o es apropiado para TODOS o está etiquetado como 18+ y regulado como si de pornografía se tratase. La falla en esto último salta a la vista.
Viéndolo de forma positiva, la verdad es que aún no sabemos cómo terminará esta historia. El anime de ninguna forma va a morir y las respuestas por el terreno legal y constitucional van a seguir (Japón no es Latinoamérica, al menos). Ni siquiera estamos ante una prohibición de manifiesto, ya que algo así se dejaría de ambiguedades para golpear objetivos concretos. Sobra decir que no vale la pena aumentar la dimensión del problema o empezar a hacer RAGE internetero por cosas que aún no tienen efecto.
Por ahora, sólo nos queda estar atentos, recordando un poco lo que significa tener libertad de expresión en su más amplio sentido. ¿Qué opinan?
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